Por Javier Agustín Contreras Rosales. Publicado en ContraRéplica
En los días recientes el país ha experimentado un clima social tenso, marcado por la movilización de los jóvenes que se manifiestan inconformes y un gobierno que busca controlar la narrativa del acontecer diario.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó, durante la celebración del aniversario de la Revolución Mexicana este pasado 20 de noviembre, que quien llama a la violencia se equivoca… y definitivamente tiene toda la razón. Lo que vivimos en el país, en efecto, no se soluciona generando más violencia, sino con un plan de desarrollo aterrizado a la realidad nacional y tomando en cuenta a todos, no solo a los que le son afines.
La actual administración parece no haber entendido lo que significa gobernar. Gobernar no es imponer, sino crear consensos para el bienestar de todos. Gobernar es trabajar en equipo, incluyendo a aquellos que no piensan como uno; eso es lo que da riqueza a las propuestas.
Las señales que ha dado durante su gestión, muestran un estilo confrontativo y una narrativa reiterativa que insiste en culpar al pasado. Ella no ha tenido la capacidad de liderar los trabajos para el desarrollo nacional como presidenta de todos los mexicanos. Al igual que su antecesor, ha seguido con la política de divisionismo entre los mexicanos. Le resulta fácil, desde la más alta tribuna nacional, señalar culpables y enquistar en la conciencia colectiva la idea de que el país se encuentra desde hace muchos años en una profunda crisis en materia de seguridad y que existe una deuda con los sectores más desfavorecidos de México.
Lo cual puede ser cierto hasta cierto grado, pero ¿cuándo piensan asumir la responsabilidad de la fallida política pública de los últimos siete años? Al día de hoy, no han podido remediar ninguna de las situaciones críticas que vive el país, pero ella mantiene una confrontación directa con sus críticos, cuando ésta podría ser un catalizador para el diagnóstico y solución a los problemas.
Sería más provechoso escuchar más y reaccionar menos.
El llamado a la violencia y a la confrontación se está dando en dos vías. La primera, y más grave, es la que se ejerce desde el poder por aquellos a quienes les dimos un mandato y que juraron velar por nosotros. Personas que fueron una oposición férrea en su momento y que en alguna vez leyeron a Max Weber y su principio del monopolio legítimo de la violencia; cuestión que ejercen con la discrecionalidad que el cargo permite, muy al estilo de Don Benito Juárez, quien dejó una frase clave que explica el nepotismo y el ejercicio desigual de la ley: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Por ello, pareciera que se busca crear un sentimiento de persecución hacia los jóvenes influencers, bajo el supuesto de que fueron pagados para llamar a manifestarse, como si los jóvenes no tuvieran motivos suficientes para hacerlo.
Mientras tanto, las figuras públicas cercanas al poder gozan de una permisividad inaudita, viajando incluso al extranjero para proyectar su imagen, gozando delpoder económico que les da su cargo público, algo que millones de mexicanos no pueden hacer, aun cuando se rompan la espalda trabajando día a día.
Y que quede claro: no se busca criticar la riqueza, pues lo esencial no es cuántoganan los políticos o funcionarios públicos, sino qué oportunidades reales existen para que cualquier ciudadano de a pie pueda prosperar por su esfuerzo.
Si la presidenta no se equivoca y la violencia no es el recurso adecuado, entonces lo correcto sería reformar los poderes que han dejado de servir a los ciudadanos y que hoy responden a un partido hegemónico. Se requieren reglas claras que no permitan la sobrerrepresentación y, sobre todo, que quienes lleguen por elección del popular tengan la capacidad intelectual y la libertad de pensamiento necesarias para determinar lo que es justo, legítimo y legal para el bienestar nacional.
Es momento de levantar la voz y exigir que los que no tengan la capacidad de ocupar un cargo público renuncien, entregue el mandato que se les confirió, permitiendo que otros que cumplan con el perfil del puesto los releven. La incapacidad por falta de competencias al ejercerlo también es corrupción, y el país ya no puede seguir pagando las consecuencias sociales y económicas.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC