Por Mauricio Hernández Aguilar. Publicado en ContraRéplica.
“Para mí, este es el nuevo holocausto”. Así califica Mariana, una madre buscadora de Tamaulipas, al fenómeno de las desapariciones forzadas que vive México actualmente.
Mariana (nombre con el que protegeremos su identidad) perdió a su hijo y, con motivo de los plantones que realizaron diversos colectivos de madres buscadoras en la Ciudad de México en octubre pasado, aceptó compartir su caso.
Primero citemos los datos duros: según el Informe Anual de Personas Desaparecidas 2026 realizado por la red ciudadana LUPA, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, las personas desaparecidas en México sumaron 134,257. Lo descomunal de la cifra, aunado a la negligencia de las autoridades investigadoras para atender las denuncias, generó que decenas de madres buscadoras, acompañadas por sus colectivos, realizaran plantones a las afueras de la Fiscalía General de la República a principios de octubre pasado, exigiendo ser atendidas personalmente por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy.
Recordemos que las agencias investigadoras, fiscalías locales, así como la General de la República, dependen de la titular del Ejecutivo Federal, a cargo de la Presidenta de México y no son parte del Poder Judicial, como a veces se nos quiere hacer creer.
El hijo de Mariana, a quien aquí llamaremos Javier, desapareció una mañana del verano de 2023, mientras trabajaba como conductor de taxis de plataforma, en un municipio colindante con la capital de San Luis Potosí (SLP). Era viernes, él tenía 23 años y buscaba ganarse la vida trabajando honestamente en lo que podía.
Mariana comenta que la desaparición de Javier fue uno de los muchos casos ocurridos durante 2023 en la zona de La Huasteca y desconoce si, a la fecha, alguno de ellos llegó a aparecer, vivo o muerto.
A ella le avisó su exesposo, el papá de Javier. Él había recibido una llamada del muchacho, desde su celular, pidiéndole ayuda con dinero porque lo tenían retenido. La llamada se cortó y Javier nunca volvió a comunicarse ni a responder su teléfono.
Ambos padres intentaron denunciar el hecho, pero las autoridades de la región les dijeron que tenían que esperar 48 horas antes de que pudieran atenderlos. Mariana debió soportar varios días de bloqueos, por parte de los funcionarios de la agencia de investigación, quienes se negaban a recibirle su denuncia, pretextando falta de personal, carecer de competencia o decirle, con cierto cinismo, que no podían atenderla porque “eran tantos los casos que tenían como el suyo que no podían recibir uno más”.
Tras lograr presentar la denuncia, Mariana continuó su calvario, ahora presionando para que las autoridades integraran la carpeta de investigación. “Desde el inicio de la búsqueda, la asesoría del colectivo ‘Voz y Dignidad’ de madres buscadoras fue fundamental pues llevan el control de cada desaparecido en su región, la hora, etc.” También enfatiza: “No acepté primeras pruebas, tomé el caso e hice lo propio”.
Mariana expresa su sentir respecto al trato recibido de los agentes del MP local quienes, con su inacción, contribuyen a que los desaparecidos no regresen vivos: “Me queda claro que, con tanta insensibilidad (de las autoridades), no sólo desaparecen a nuestros hijos, nos tiran a matar, a ellos, a nosotras. Sobrevivimos por nuestros hijos”.
Dos meses y medio después de que desapareció Javier y tras presionar al límite, la autoridad notificó a Mariana que habían encontrado pertenencias de su hijo, para que acudiera a identificarlas: “Cuando presionas como presioné, los restos aparecen como por cosa de magia o, al menos, los restos que dicen haber encontrado”.
Aquel momento fue aún más indigno: “Tengo un recuerdo terrible: un tenis que pusieron frente a mi cara. No hay devolución de identificación, cartera ni de efectos personales; pero sí el temor que te siembran”. Y añade: “A mí, como a muchos, nos quisieron hacer una entrega indigna: de restos que nunca vi, de un expediente que me entregaron con hojas sueltas, sin identificación de sábana de llamadas del celular”. En palabras de ella misma, la indiferencia de las autoridades se reduce a decirles “es esto y punto”.
En opinión de esta mujer, la autoridad ejerce presión sobre los familiares, a fin de forzarlos a que admitan que los objetos que les ponen enfrente pertenecieron a sus desaparecidos. Es una entrega “bajo presión”, como ella lo define: “Te amenazan que, si no admites pronto lo que te quieren entregar, lo enviarán a la fosa común”.
En los municipios de La Huasteca potosina, este fenómeno continúa. Mariana y Javier son tan sólo un caso que ilustra la realidad de México y que nos obliga a preguntarnos: ¿qué haríamos nosotros si mañana tuviéramos que convertirnos en otra Mariana?
Mtro. Mauricio Hernández Aguilar, experto en Privacidad de datos, TICs y derechos humanos. Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. y Miembro de la BMA @M_haguilar @Integridad_AC
