Por Javier Agustín Contreras. Publicado en ContraRéplica.
México atraviesa un momento crítico donde la seguridad jurídica de los ciudadanos está siendo erosionada bajo decisiones institucionales sin precedente, las cuales, aunque se presenten como técnicas o administrativas, tienen profundas consecuencias políticas y sociales.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado criterios que marcan un cambio preocupante en la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Lejos de fortalecer su papel como contrapeso del poder, la Corte está validando un modelo donde la acción del Estado se impone sobre las garantías previas de la protección al individuo. Este modelo lacera de forma directa el desarrollo nacional y la atracción de inversión, atentando al mismo tiempo contra las fuentes de empleos de miles de mexicanos.
El artículo 16 de la Constitución de México establece claramente un principio básico de cualquier Estado de Derecho: nadie puede ser privado de sus bienes o derechos sin un acto debidamente fundado y motivado. Sin embargo, la interpretación de la Corte, actualmente permite que ese control deje ser previo y pase a ser posterior, alterando de forma sustancial el equilibrio entre autoridad y ciudadano.
Este cambio de interpretación por parte del máximo tribunal de la nación tiene efectos muy concretos en la vida diaria.
Hoy la unidad de inteligencia financiera puede ordenar el congelamiento inmediato de cuentas bancarias sin aviso previo al ciudadano. Esto significa que una persona puede despertar un día sin acceso a su dinero, sin haber sido escuchada, sin poder defenderse antes de la afectación y sin siquiera conocer con claridad la razón inmediata del bloqueo.
Esto coloca al ciudadano y a las empresas en una posición de indefensión real en el primer momento del acto de autoridad. No se trata de si eventualmente se podrá defender el afectado, sino de que el daño ocurre primero y la defensa llega después, cuando las consecuencias ya impactaron la vida cotidiana: nóminas detenidas, pagos imposibles, negocios paralizados o gastos personales simplemente bloqueados.
Aun cuando la Corte argumente que se trata de medidas “preventivas” y “administrativas”, en la realidad sus efectos son profundamente materiales y pueden alterar de forma inmediata la estabilidad económica de personas y familias; por lo que la etiqueta jurídica que se inserta no elimina el impacto real que tiene este criterio.
El problema de fondo no es sólo técnico, sino político; se está normalizando un modelo donde el Estado actúa primero y el ciudadano se defiende después. Y en un país con instituciones históricamente cuestionadas, y que en los últimos años han sido erosionadas por las reformas estructurales desde que MORENA llegó al poder, esto no es un detalle menor sino una señal de alerta sobre el equilibrio del poder público.
La idea de que el control judicial posterior es suficiente, resulta en la vida real insuficiente cuando el daño ya está hecho. Porque no es lo mismo defenderte antes de perder el acceso a tus recursos, que tener que hacerlo después de que tu economía o actividad ya fue afectada.
En ese sentido, como ciudadanos debemos de tener muy en claro que la transformación tan prometida de la 4T se comienza a evidenciar por si sola conlímites estructurales que ponen en duda su alcance y capacidad real. Lo que estamos viviendo es más que una evolución neutral del Derecho: se está configurando un cambio de fondo en la relación entre la autoridad y la ciudadanía, un modelo donde la eficacia del Estado avanza, pero las garantías del individuo llegan tarde.
Hoy más que nunca debemos de considerar que nos encontramos ante un el proceso electoral del 2027, cuya contienda ya ha iniciado de facto. No debe olvidarse que, aunque se asume la existencia de una democracia plena, ésta cada vez muestra tensiones que limitan el ejercicio de las libertades civiles y comprometen el futuro de político del país.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC