Por Manuel Cifuentes Vargas. Publicado en Integridad Ciudadana.
7. Corolario.
Con la publicación de esta serie de artículos, me he permitido proponer una lluvia de ideas, con el fin de coadyuvar, en este círculo del financiamiento a los partidos políticos, a la construcción de un nuevo umbral de igualdad o, en su caso, de mayor equidad en la competencia de estas organizaciones políticas, con el trazado de un piso financiero totalmente parejo para todos. Se quiera aceptar o no, la verdad, es que el dinero cuenta, y mucho, para que cumplan con su invención y el logro de sus propósitos político constitucionales democráticos. Si no para el exceso y derroche, sí el indispensable para conservar sana y vigorosa a la democracia. No se puede estirar demasiado la liga en este renglón solo con el fin de no gastar o gastar menos de lo necesario para mantener saludable a la democracia, porque una democracia barata, es una barata democracia. Esto es, reducir demasiado o más de lo debido el financiamiento público para la democracia, la lleva a su debilidad al abaratar la democracia, al poner en riesgo su fortaleza y progresividad.
Como desde mi óptica no me parece justo ni razonable el actual esquema de distribución de los recursos económicos del financiamiento público, es por lo que propongo hacer una reingeniería al respecto. Una nueva ingeniería constitucional y legal progresiva sobre el financiamiento y fiscalización a los partidos políticos, con el objeto de que se tenga un horizonte político electoral más justo en este ramo, y que la competencia se centre prácticamente en el terreno político social electoral; y no en quien tenga más dinero para llevar a cabo el trabajo político y de la formación de ciudadanía que normativamente es su deber y les corresponde.
Sé que esto se va a considerar como una ilusión, pues en la real politik no va a suceder, porque en el pragmatismo político terminan imponiéndose otros intereses, tal y como ya lo dejé entrever en la segunda parte de esta narrativa, que en el caso de que no se reconvierta la actual fórmula de la distribución del financiamiento público para los partidos políticos; es decir, que el 70% sea igualitario y el 30% sea proporcional, no quiero dejar de aventurar una propuesta que todavía va más allá, pues total, si deveras se quiere a la democracia; si deveras se quiere democracia y si deveras se es demócrata, entonces que la totalidad del monto del financiamiento público destinado a estos institutos, se distribuya de manera igualitaria entre todos los partidos políticos con registro nacional en el INE.
Así, por lo menos en el terreno financiero, que de suyo es muy importante, se les estaría dando el mismo trato a todos los partidos y se estaría aplanando el terreno para dejarlo totalmente parejo para todos los partidos políticos participantes y competidores en los procesos electorales. Esto es, imaginariamente, a la manera de una carrera olímpica figurada, de la que partirían todos de la misma posición, al mismo tiempo y en las mismas condiciones de igualdad en el terreno hacia la meta político electoral, sin ventajas para nadie. Esto sí sería lo más razonable e igualitario y, por lo tanto, lo más justo para que todos tengan el mismo piso y oportunidad.
Pero todavía osamos ir más allá en nuestra propuesta de mayor equidad y justicia financiera, si en esta ruta sugerida se incluye a los partidos políticos de nueva creación, ya que al meterlos en el apartado del 30% igualitario del actual método del financiamiento público para estas organizaciones políticas que ya cuentan con registro del INE, una vez que se agota el proceso para la admisión de nuevos partidos políticos, al final del día los partidos nuevos son los que menos financiamiento público reciben, y con ese monto modesto de recursos económicos, comparado con el financiamiento que reciben los partidos que ya existen, están obligados normativamente a obtener en la competencia electoral, por lo menos el 3% de la votación para sobrevivir y mantener el registro. Para decirlo con otras palabras, tienen la misma obligación mínima, aquí sí igualitaria, de lograr por lo menos el 3% de la votación, al igual que los partidos políticos existentes, pero estos últimos contando con un financiamiento muy superior a los partidos nuevos. Por lo tanto, el trato, por mucho, es distinto y desigual.
En este rubro sí se les da el mismo trato de igualdad a todos los partidos para conservar el registro, pero desigual en el caso de los partidos políticos nuevos con menos dinero, de acuerdo con la actual fórmula del financiamiento; por lo que pensamos que por lo menos los deberían contemplar en el cajón del financiamiento proporcional del 70%, a fin de que cuenten con más apoyo financiero para su operación; que lo de menos es cambiar las etiquetas de estos cajones; sin embargo, creo que lo más justo es que se les entregara prerrogativa de los dos apartados; es decir, de los hoy denominado igualitario, del proporcional, así como de la partida para actividades específicas. Lo anterior podría quedar intercambiando el nombre de las dos columnas etiquetadas del cuadro del financiamiento, no el porcentaje asignado, tal y como ya lo dijimos en un artículo anterior; esto es, el 30% para el proporcional y el 70% para el igualitario.
Aunque me parece que lo más justo, es eliminar estas formas de distribución del financiamiento público, que se podría considerar hasta discriminatorio, para que todo sea igualitario, y en el que asimismo se incluya a los partidos políticos con nuevo registro. Esto es, como líneas arriba lo dijimos, para que un tanto cuanto sea a semejanza del espíritu que priva en una competencia olímpica.
De esta manera se borraría esta regla de desequilibrios entre partidos políticos y piso disparejo en el quehacer diario y en las competencias electorales. Así, estimamos que se contribuiría a conocer y ponderar su real tamaño y fuerza de cada uno, no por la cantidad elevada de dinero público que reciben algunos partidos políticos, lo que abona desproporcionalmente en el trabajo que están en condiciones de hacer con esas cantidades desiguales que reciben, comparado con los de otros, sino realmente por su presencia político-social que tendrían estos institutos políticos en la sociedad, con la que se podría tener una medición más diáfana de la real aceptación social de cada uno de ellos. Esto es, no solo por la legitimidad electoral que puedan lograr cada tres años, sino en todo tiempo su reconocimiento, aprobación y legitimidad social.
Ahora bien, en este mismo tenor, pero pasando a otra de sus vetas, vale traer a colación, así sean unas cuantas líneas por razones de espacio, sobre la función y deber más elevado de la auditoría. Pienso que la auditoría no debe ser demasiado cerrada, dura, férrea, inflexible; sino noble, dúctil, flexible y amigable. Sí para corregir y sancionar: pero más para prevenir. De lo que verdaderamente se trata es de ayudar a hacer mejores partidos políticos, y menos de penalizarlos a la de a fuerza; a como dé lugar, hasta por simples detalles. No se trata de salir triunfadores, ufanos y de ponerse medallas a costa de los auditados, sino de contribuir a que los partidos políticos transiten por el camino correcto, y que sean mejores en su trabajo y compromiso los partidos auditados. Esa acostumbrada mentalidad inquisitoria que tiene el auditor en general ya debe cambiar, para abonar a la construcción de un mejor y sólido sistema de partidos políticos.
Por eso, en un escenario de innovación electoral, lo que se necesita también es un órgano fiscalizador y auditor más abierto. No se quieren complacencias ni se pretenden consentimientos de estas áreas, pero tampoco se quieren órganos inquisitorios. Se prefieren órganos frescos y más cercanos, con un alto sentido de servicio y de razonable comprensión. Un auditor nuevo con mentalidad, espíritu y trato abierto y constructivo, dispuesto a aceptar razones y no ver al sujeto obligado como un permanente y consciente infractor incorregible y delincuencial, sino como una oportunidad de mejora. Se requiere cambiar la imagen del auditor verdugo, por la de un auditor sensible, amigable, resiliente y empático.
No se trata de llevar al suplicio y al cadalso a los partidos políticos. Porque en los hechos, el órgano electoral se debe a estos entes políticos, y sin partidos políticos no hay democracia electoral. Si no me equivoco, me parece que en el mundo no hay un solo país en el que no existan los partidos políticos, pues aún con todas sus debilidades y desprestigio, todavía son necesarios para la vida político democrática de los países. Aún en los propios regímenes totalitarios y/o de sumo autoritarismo, los tienen y los consideran inevitables para su propia sobrevivencia.
La verdad, no es que los partidos por sí mismos se desprestigien, sino quienes los desprestigian son los malos políticos y los malos gobernantes. No es un tema de suyo de estas instituciones, sino total culpa de los políticos y gobernantes malos. Estos son los que han erosionado y denigrado a la política, a los gobiernos, a las instituciones y a los partidos políticos, y que de paso se llevan entre los pies al país, sin que a algunos les importe esto; pero que lamentablemente son el espejo al interior y exterior del país. Como ven al político, a la política, al servicio público y al gobierno en general, así nos ven a todos.
Luego entonces, el remedio está en las personas que se dedican a la política y que anhelan ocupar cargos públicos. Ya es muy urgente crear, no de palabra y poses engañosas porque el hartazgo en la gente es enorme del político banal y altamente cuestionable por su reprobable conducta falto de entereza e impunidad, sino verdaderamente, en la realidad, una nueva generación de políticos serios, profesionales, éticos, que hablen con la verdad, honestos, transparentes y con auténtico espíritu de servicio, porque el país se nos va de las manos.
Cierro esta serie de participaciones, nuevamente expresando que varias de estas sugerencias las hice años atrás, como en el artículo “Fiscalización, transparencia y rendición de cuentas”, comprendido en el libro titulado “Construcción de ciudadanía y transparencia”, coeditado por el INAI y otras instituciones, así como en “Democracia y rendición de cuentas de los partidos políticos”, inserto en el libro que lleva por nombre “Financiamiento y fiscalización a los partidos políticos”, editado por el PRD; ambas obras publicadas en el año 2017.
Sin embargo, en aquel tiempo no hubo eco, porque las más de las veces solo se vive el presente y no se ve a futuro para mejorar y/o blindar algunas cosas. Y ahí está a la vista, en parte, la situación que se vive hoy; lamentándose por los sucesos que se han dado; pero que, si se hubieran previsto y corregido en su momento algunos temas, no estarían sufriendo las constantes amenazas de recortes monetarios del financiamiento público. Por lo menos por lo que hace al expediente financiero, hoy “otro gallo les cantaría”.
Y esto lo digo porque en varias conversaciones que tuve y presentaciones que hice sobre estos y otros tópicos, se me decía, y aun todavía cuando he llegado a tocar nuevamente el punto, que quizá no era el momento político para ese fin, sin querer ver a futuro para prever y blindar determinadas aristas para no sufrirlas después. Y yo me pregunto: ¿pues entonces cuándo va a ser el momento político?; ¿cuándo ya se presentan los problemas? Cuando les “llega el agua al aparejo” las más de las veces ya es tarde, y es “cuando llegan los lamentos” y los “dolores de cabeza”, por no prever las cosas, ni tener visión de futuro, sino solo el del día a día.
Sin duda se debe ahorrar tanto en la permanencia y desarrollo cotidiano de estos institutos políticos, así como en los procesos electivos que se celebran; pero también, y esto no se puede negar, que debemos evitar llegar al extremo de que no por implantar a la de a fuerza una democracia barata, se ponga en riesgo la viabilidad y gobernabilidad del país. Si en los totalitarismos podríamos decir que no lo necesitan, porque para ello cuentan con el poderoso brazo político del partido del gobierno y porque todo el aparato electivo lo tienen controlado y a su favor, aun así, le tienen que invertir recursos monetarios para conservarse y simular democracia, con mucha más razón hay que hacerlo en los países que, no solo de palabra, se precien de ser demócratas.
Manuel Cifuentes Vargas, Doctorante en Derecho por la Facultad de Derecho. UNAM. Miembro fundador de Integridad Ciudadana, A. C.