Por Javier Agustín Contreras Rosales. Publicado en ContraRéplica.
Todos los días se discute sobre los hechos que están ocurriendo en relación con la reforma del poder judicial, donde los poderes ejecutivo y legislativo se escudan en el voto obtenido el pasado 2 de junio, en el que fueron electos, y que es un mandato del pueblo sabio, quien reafirmó y avaló a través del voto la propuesta realizada por el expresidente López O. El partido en el poder y sus candidatos.
Sin embargo, la realidad de la situación política está muy alejada de este hecho; ni los ciudadanos lo solicitaron, ni se va a acabar con la injusticia y la impunidad. Lo que sí se va a acabar es con la estabilidad nacional y con los principios del poder tripartito, ya que los grandes juristas de la 4T recargada insisten en trastocar los artículos pétreos de la carta magna con un solo objetivo: disminuir la capacidad del poder judicial.
Las propuestas de reforma expuestas el día de ayer por Adán Augusto López Hernández no solo son un intento de controlar un poder; sino que son, de forma clara y burda, la búsqueda de maniatar y subyugar al poder garante de que se cumpla la Constitución y se preserve el equilibrio del poder. Realizar los cambios propuestos por el legislador a los artículos 1, 105, 107 y 113 implica, en primera instancia, la limitación de los estándares internacionales establecidos a favor de los individuos, así como minimizar al máximo las revisiones del poder judicial a las reformas que impongan y decreten tanto el ejecutivo federal como el legislativo. Esto se debe a que se van a los procedimientos y no al fondo, lo cual puede estar en contra de la voluntad popular y sesgado a la ideología partidista de los promotores.
Además, el hecho de buscar restringir de forma definitiva los alcances del amparo, sujetando sus efectos únicamente a las personas o grupos que lo solicitaron, representa un retroceso en la defensa de los individuos contra normas inconstitucionales en el sentido más amplio, lo cual, en conjunto, deteriora el estado de derecho de los mexicanos al debilitar el sistema de pesos y contrapesos consagrado en el artículo 40 de nuestra máxima Ley Suprema.
Estas reformas, de aprobarse, afectarán los derechos humanos y la democracia. No se entiende la visión de los legisladores de Morena y sus aliados, que están buscando de forma abrupta regresar al estatismo de las décadas de los 60 y 70, cuando muchos de ellos se declaraban como reformistas y liberales de izquierda, y que hoy se alejan cada día más de los principios fundamentales e ideológicos de las libertades individuales, la justicia social, los derechos humanos universales y la democracia participativa, por mencionar algunos de los principios que están violentando al subyugar al poder judicial a la voluntad política.
Han perdido la brújula y ya no saben hacia dónde van. Los mexicanos que votaron por ellos buscaban un cambio a favor del desarrollo y la construcción de una sociedad más justa, no un sometimiento a un partido supremo.
Lo que vemos hoy es solamente la crónica de una devastación legal anunciada. Parafraseando a Gabriel García Márquez, existieron voces que se levantaron y advirtieron sobre los posibles efectos de darle todo a un solo partido, ya que todo lo que vivimos era perfectamente predecible. Desde la lucha por determinar candidatos, como lo están realizando Noroña y Monreal para ejercer, imponer… disculpen, me refiero a postular a sus afines a los puestos que se van a generar con el virtual despido de todos los impartidores de justicia.
Mas no es culpa de quienes hoy ostentan el poder; es culpa de todos aquellos que, por apatía o el pretexto que pongan, no participan ni colaboran en la construcción de la nación.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC