Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en ContraRéplica.
El inicio de un nuevo año suele abrir un espacio propicio para revisar, evaluar y discutir los principales problemas que aquejan al país. Sin embargo, el escenario político y comunicativo ha cambiado de manera sustantiva. Hoy, buena parte del debate público gira en torno a lo que se informa en las conferencias matutinas del gobierno federal. La discusión ya no se centra en analizar a profundidad las políticas públicas, sino en estar en contra o a favor de la narrativa oficial, lo que reduce la posibilidad de una deliberación seria sobre la seguridad y la violencia que vive México.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer recientemente un dato que ha sido presentado como un logro relevante de su administración: el delito de homicidio doloso habría registrado una reducción del 40 % entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. De acuerdo con las cifras oficiales, el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 52.4 en diciembre de 2025, lo que implicaría 34 asesinatos diarios menos y una tendencia sostenida a la baja durante 15 meses consecutivos.
Estas cifras, sin embargo, no están exentas de cuestionamientos. Desde el discurso gubernamental se atribuye esta disminución a la eficacia de la estrategia de seguridad implementada. No obstante, diversos sectores han expresado escepticismo frente a la capacidad real de las policías y fiscalías para registrar adecuadamente los homicidios, así como a la posibilidad de que se reclasifiquen delitos —por ejemplo, como homicidios culposos u otras conductas que atentan contra la vida— o se mezclen datos provenientes de distintas fuentes. Más allá de la discusión técnica, hay un elemento que se resiste a encajar en la narrativa oficial: la persistencia de escenas de violencia que siguen marcando la vida cotidiana del país.
La primera imagen proviene de Tlacotepec, Guerrero. En un desfile navideño de finales del año pasado, hombres armados, identificados como integrantes de un grupo criminal, encabezan la caravana ante la mirada de la población. No se ocultan; por el contrario, se exhiben con total impunidad, reparten regalos y reciben muestras de aceptación por parte de la comunidad. La escena no es excepcional, sino representativa de regiones donde la autoridad formal ha sido desplazada por la ley de los cárteles.
La segunda imagen ocurre en la Ciudad de México. En las últimas semanas de diciembre de 2025 un hombre que cenaba con su pareja es asesinado y, horas después, se confirma que se trataba del jefe de sicarios de “Los Chapitos”, una de las facciones criminales que desde hace más de un año mantiene en vilo al estado de Sinaloa. Las autoridades lo identifican como la mano derecha de uno de los líderes del cártel. La pregunta es inevitable: si se trataba de un personaje de tal relevancia, ¿cómo pudo desplazarse libremente por la capital del país sin ser detectado o neutralizado por las instancias de seguridad? El caso evidencia no sólo la recurrencia de los ajustes de cuentas, sino también la fragilidad de los mecanismos de inteligencia y contención del crimen organizado.
La tercera imagen se registra en Guadalajara. A plena luz del día, a dos días de concluir el 2025, un hombre que viajaba en un vehículo de lujo junto con su hija de 16 años es asesinado en una emboscada. A pesar de contar con seguridad privada, videos difundidos por ciudadanos captan el momento en que varias camionetas interceptan a las víctimas y abren fuego contra ellas. En el lugar se señala la ausencia de cámaras del C5 que permitieran reconstruir con precisión los hechos, así como la llegada tardía de las fuerzas policiales.
En Guerrero, el crimen gobierna territorios; en la capital, ejecuta con impunidad; en Jalisco, la violencia se ha normalizado al punto de ser asumida como parte del paisaje cotidiano. En conjunto, estas imágenes dibujan un país donde la violencia no sólo mata, sino que reconfigura las reglas de convivencia, debilita la autoridad legítima y consolida la presencia de actores armados como parte del orden cotidiano.
Ante este escenario, las cifras presentadas por la presidenta parecen quedarse cortas. No sólo porque no alcanzan a explicar estas realidades, sino porque los informes difundidos desde las conferencias matutinas parecen seguir un patrón donde lo central es el control de la narrativa, incluso cuando la experiencia cotidiana apunta en otra dirección.
En este contexto, resulta cada vez más complejo discutir sobre aquello que no se abre a la deliberación pública. Más aún, el país —y el gobierno de Sheinbaum en particular— enfrenta el desafío de enviar señales claras de que los avances reportados estarán sujetos al escrutinio ciudadano: que se conocerán con transparencia las metodologías utilizadas y, sobre todo, que se aceptará que la pacificación del país no pasa únicamente por reducir el número de homicidios, sino por demostrar que, en cualquier región de México, las personas pueden vivir sin miedo y que no habrá impunidad para quienes cometen delitos.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC