Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en ContraRéplica.
Hablar en la actualidad de “traición a la patria” no es un ejercicio nostálgico que remita únicamente a las páginas de la historia mexicana, marcadas por invasiones extranjeras, disputas internas o gestas patrióticas como la expropiación petrolera. Es, más bien, un tema vivo y candente que atraviesa la política contemporánea, donde acusaciones cruzadas, discursos nacionalistas y tensiones con Estados Unidos reconfiguran el debate público.
En medio de este escenario cargado de simbolismo, confrontación y paradojas, las declaraciones de la senadora Lilly Téllez han encendido un fuego que obliga a preguntarnos: ¿quién traiciona realmente a la patria, quien cuestiona desde fuera o quien se niega a reconocer lo que ocurre dentro?
Hoy, cuando se habla de “traición a la patria”, el discurso proviene directamente de la élite en el poder y, paradójicamente, no existe unanimidad respecto a la causa. Conviene recordar que apelar a apoyos externos no ha sido exclusivo de una fuerza política: en 2006, durante la controvertida elección presidencial, López Obrador solicitó a través de un artículo publicado en The New York Times la intervención de la comunidad internacional para exigir el recuento de los votos. Aquella acción reflejaba las paradojas y tensiones inherentes al ejercicio político. Sin embargo, el movimiento que fundó el líder tabasqueño ha dejado atrás su papel de oposición combativa y hoy ocupa la cúspide del poder.
En este escenario, el motivo de la discordia es la senadora Lilly Téllez, un personaje que pasó de los medios de comunicación a la política de la mano de López Obrador. Una vez en el poder, decidió alejarse del movimiento que la impulsó y, más aún, se convirtió en una de las voces más críticas de la Cuarta Transformación. En semanas recientes fue más allá: en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News —catalogada como afín al expresidente Donald Trump— declaró que “el Gobierno mexicano protege a los cárteles, por eso la presidenta Sheinbaum no quiere que el fuerte liderazgo estadounidense ayude a México a derrotarlos”.
Las declaraciones no tardaron en generar reacciones. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia matutina: “Es importante que el pueblo de México sepa quién es quién. Las disputas que hay en México se resuelven en México”. A partir de entonces, surgieron voces que exigieron un juicio político contra Téllez. Frente a ello, la presidenta afirmó: “No tiene por qué victimizarse, no somos como ellos”. La confrontación escaló hasta la Comisión Permanente, donde el anuncio de iniciar la discusión sobre el juicio político exacerbó los ánimos.
Es evidente que Téllez no es una política tradicional. Lo que probablemente desató el enojo fue que lanzara esas declaraciones en un contexto particularmente delicado: la presión que ejerce Estados Unidos ante la inminente firma de un acuerdo de seguridad bilateral.
En ese marco, las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada, al aceptar su culpabilidad y reconocer que sobornó a militares y políticos para operar sus actividades ilícitas, aumentan las sospechas sobre la complicidad. Para Estados Unidos, se trata de lo que han denominado “una alianza intolerable”. En respuesta, el gobierno mexicano ha intentado un control de daños. Sheinbaum subrayó, por ejemplo, que la fiscal Pat Bundy reconoció la colaboración de México en el combate a la delincuencia y recordó que la DEA ha equiparado a Genaro García Luna con capos como “El Chapo” Guzmán o el propio “Mayo”.
A pesar de ello, el gobierno federal insiste en medir sus logros en decomisos, desmantelamiento de laboratorios y capturas de delincuentes —más de 30 mil, según el secretario de Seguridad—, mientras que Estados Unidos exige ir más allá, apuntando hacia las élites políticas vinculadas al crimen organizado.
Lo más paradójico es que en el ámbito nacional no existe consenso sobre impedir que Estados Unidos intervenga directamente en la lucha contra el narcotráfico en México. Aunque el gobierno mantiene un discurso nacionalista, es consciente de que, por sí solo, difícilmente puede enfrentar la magnitud del problema.
En los próximos días, con la firma del acuerdo, seguramente se repetirá la narrativa oficial: “coordinación sí, subordinación no”. No obstante, mientras el gobierno mexicano insista en negar la complicidad y la presión estadounidense aumente, es previsible que surjan más voces como la de Téllez. En consecuencia, el partido en el poder tendrá que replantear su discurso: ya sea aceptando que la cooperación con Estados Unidos se intensificará, o reconociendo de una vez que existe un problema de colusión política que debe ser enfrentado. De lo contrario, la verdadera traición a la patria no será la de las declaraciones polémicas, sino la de no hacer lo suficiente para detener la violencia y la injerencia intolerable del crimen organizado en México.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC