Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en ContraRéplica.
En la construcción de las políticas públicas, la forma suele pesar tanto como el fondo. Un diseño apresurado, sin diálogo previo y sin consensos mínimos, puede convertir una iniciativa con viabilidad técnica en un problema político de grandes dimensiones. Eso es justamente lo que parece estar ocurriendo con la reforma electoral impulsada por el gobierno federal: una propuesta que se presentó como indispensable y que, sin embargo, hoy enfrenta resistencias incluso dentro de la propia coalición gobernante.
A diferencia de la reforma judicial —que fue relativamente sencilla de aprobar porque el terreno estaba “planchado” desde la elección, con mayorías aseguradas y acuerdos previamente amarrados— la reforma electoral no cuenta con la misma certidumbre. Los intereses de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde no coinciden plenamente, y lo que para el gobierno representa una oportunidad de “abaratar la democracia”, para sus aliados significa un riesgo directo a su supervivencia política.
El argumento central de la presidenta es que el sistema electoral mexicano resulta demasiado costoso y que, por lo tanto, debe reducirse el número de legisladores y el financiamiento público a los partidos. No obstante, esta narrativa no ha logrado convencer ni siquiera a quienes integran su bloque. Reducir la representación proporcional implica debilitar a las fuerzas minoritarias y concentrar aún más el poder en el partido mayoritario; recortar el financiamiento, en un contexto donde el gobierno dispone de recursos materiales y simbólicos mucho mayores, podría romper los equilibrios básicos de la competencia democrática.
A ello se suma el método elegido para elaborar la iniciativa. La comisión encargada de construir la propuesta fue integrada por personajes cercanos al régimen, lo que desde el inicio restó credibilidad al proceso. En lugar de abrir un espacio plural de deliberación, se optó por un círculo reducido que terminó generando más sospechas que certezas. El resultado fue previsible: cuando el proyecto llegó a Palacio Nacional, los aliados se sintieron excluidos y reaccionaron con dureza.
Las declaraciones públicas exhibieron la profundidad del desencuentro. Desde el PT se cuestionó abiertamente la necesidad de una reforma en un momento en que, según sus propios dirigentes, el país requiere unidad frente a los desafíos internacionales. El Partido Verde advirtió que disminuir los plurinominales afectaría a las minorías y distorsionaría la representación política. Incluso voces relevantes de Morena reconocieron que no es posible impulsar una reforma constitucional sin el acompañamiento de los socios.
Este escenario revela un problema de concepción de la política pública. Una reforma electoral no es solo un ajuste administrativo para reducir gastos; es la redefinición de las reglas del juego democrático. Tocar la integración del Congreso, el financiamiento de los partidos y la autonomía del árbitro electoral implica modificar los equilibrios de poder que sostienen al sistema. Pretender hacerlo sin un acuerdo amplio equivale a construir un edificio sobre terreno inestable.
Además, el discurso gubernamental ha sido contradictorio. Por un lado, se afirma que se busca fortalecer la democracia; por otro, se cuestiona la autonomía del INE y se descarta la necesidad de consensos. Esa tensión entre el relato y la práctica ha alimentado la narrativa opositora de que se trata de una reforma diseñada para concentrar el poder. Aunque la presidenta ha rechazado comparaciones con modelos autoritarios, la falta de un texto claro y de un proceso transparente mantiene viva la sospecha.
El costo político comienza a sentirse. Lo que debía ser una iniciativa estrella se ha convertido en un foco de desgaste innecesario. En términos de políticas públicas, el gobierno confundió la fuerza electoral con la legitimidad social. Ganar elecciones no equivale a tener un cheque en blanco para rediseñar las instituciones sin escuchar a los demás actores.
Hoy se abren dos rutas posibles. La primera es que la reforma se modere en la negociación parlamentaria y termine siendo un ajuste acotado, muy distante del proyecto original. La segunda es que el Ejecutivo decida imponerla a toda costa, utilizando los recursos de poder a su alcance. Cualquiera de los caminos tendrá consecuencias: la primera opción evidenciaría límites políticos; la segunda profundizaría la polarización y la desconfianza.
Una reforma electoral, por definición, debe ser fruto del acuerdo y no de la imposición. Si el gobierno insiste en avanzar sin construir puentes, corre el riesgo de debilitar aquello que dice querer fortalecer. La democracia no se abarata recortando espacios de representación, sino ampliando la confianza en las instituciones. Ese es el verdadero desafío que hoy enfrenta la iniciativa: demostrar que no es un cálculo coyuntural, sino una política pública pensada para el largo plazo.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC