Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en Integridad Ciudadana.
El gobierno lo anunciaba como una de sus grandes promesas: México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca, con atención médica universal, medicamentos gratuitos y servicios de calidad para toda la población. Años después, la realidad parece caminar en sentido contrario. Miles de trabajadoras y trabajadores del sector salud se manifiestan para exigir mejores salarios, condiciones laborales dignas y los recursos necesarios para desempeñar su trabajo. Mientras tanto, millones de personas siguen enfrentando dificultades para conseguir una consulta, acceder a medicamentos o recibir un tratamiento oportuno.
El informe Salud quebrada elaborado por el Colegio de México ofrece elementos para comprender la dimensión de una crisis que no surgió de la noche a la mañana. Sus hallazgos son reveladores: México destina apenas el 2.8 % de su Producto Interno Bruto al gasto público en salud, menos de la mitad del 6 % que plantea como referencia el estudio. Al mismo tiempo, alrededor de 44.5 millones de personas carecen de aseguramiento médico, mientras millones de familias se ven obligadas a recurrir a servicios privados para recibir atención.
A estas cifras se suma un indicador todavía más preocupante: México registra más de 400 muertes evitables por cada cien mil habitantes. Se trata de fallecimientos que podrían prevenirse mediante acciones de salud pública, diagnósticos oportunos o tratamientos adecuados. Detrás de esta estadística hay pacientes con diabetes que mueren por complicaciones que pudieron controlarse, mujeres cuyo cáncer de mama se detectó demasiado tarde y personas que fallecen por enfermedades tratables porque no recibieron atención a tiempo. Son muertes que evidencian las consecuencias más graves de un sistema incapaz de responder a las necesidades de la población.
El deterioro de los servicios de salud tiene raíces profundas. Durante décadas, el sistema ha enfrentado problemas de financiamiento, desigualdad en el acceso, insuficiencia de personal y enormes diferencias entre regiones. A estas deficiencias estructurales se han sumado decisiones gubernamentales que, lejos de ofrecer soluciones duraderas, han generado nuevas dificultades para garantizar la atención médica.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se decidió desaparecer el Seguro Popular y sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), bajo la promesa de construir un sistema más eficiente, gratuito y universal. El nuevo modelo no logró consolidarse y terminó desapareciendo apenas unos años después. Sus responsabilidades fueron transferidas al IMSS-Bienestar, en un nuevo intento por reorganizar los servicios de salud para la población sin seguridad social. Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum plantea avanzar hacia un Servicio Universal de Salud.
En menos de una década, México ha transitado por distintos modelos institucionales sin conseguir resolver el problema de fondo: garantizar que todas las personas puedan recibir atención médica de calidad, independientemente de sus ingresos o del lugar donde viven. Cada transformación ha venido acompañada de nuevas promesas, pero los resultados muestran que cambiar las instituciones no equivale necesariamente a mejorar los servicios.
El informe documenta un deterioro particularmente grave entre los sectores más vulnerables. En los municipios con mayor rezago social, la proporción de hogares sin aseguramiento pasó del 6.2 % en 2018 al 62.7 % en 2024. Este dato resulta especialmente preocupante porque revela que la pérdida de protección se concentra precisamente en las comunidades que enfrentan mayores dificultades económicas y que más dependen de los servicios públicos.
Las consecuencias de esta crisis trascienden los hospitales y consultorios. También afectan directamente la economía de las familias. Mientras los programas sociales buscan mejorar sus ingresos y condiciones de vida, las deficiencias del sistema de salud obligan a muchos hogares a destinar parte de esos recursos al pago de consultas, medicamentos, estudios y tratamientos. De esta manera, una política pública que busca reducir la pobreza puede ver limitados sus resultados por las fallas de otra que debería proteger a la población frente a los costos de una enfermedad.
Aquí aparece una de las principales contradicciones de la política de salud en México: se han impulsado reformas profundas con el argumento de ampliar derechos y combatir desigualdades, pero los resultados muestran que las transformaciones institucionales no siempre se han traducido en una mayor protección para las personas. La universalidad no se alcanza únicamente mediante decretos, cambios administrativos o anuncios presidenciales. Requiere recursos suficientes, capacidad operativa, personal capacitado y mecanismos que permitan evaluar si los servicios realmente están llegando a quienes los necesitan.
Por eso, Salud quebrada debe leerse también como una advertencia sobre los costos de gobernar sin una planeación de largo plazo. El problema no consiste únicamente en reconocer que el sistema enfrenta una crisis, sino en comprender que muchas de las decisiones adoptadas para resolverla han carecido de la continuidad, el financiamiento y la evaluación necesarios para producir resultados sostenibles.
La principal lección de Salud quebrada es que el éxito de una política pública no se mide por las instituciones que se crean ni por las promesas que se anuncian, sino por las vidas que logra proteger. Porque cuando un sistema de salud fracasa, el costo no lo pagan los gobiernos que tomaron las decisiones: lo pagan las personas con su patrimonio, su bienestar y, en ocasiones, con su propia vida.

Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC

