Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en ContraRéplica.
En un contexto donde la seguridad se ha declarado una prioridad nacional, el gobierno federal presume una reducción de más del 30% en los homicidios dolosos entre 2024 y 2025. Sin embargo, esta supuesta mejora no se ve reflejada en la percepción ciudadana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, alrededor del 70% de las personas en México continúan sintiéndose inseguras.
Esta desconexión entre los datos oficiales y la percepción social obedece, en primer lugar, a la manera en que las autoridades abordan el problema. Las diferentes instancias de seguridad se han limitado a reportar cifras, sin que estas vayan acompañadas de estrategias claras o comprensibles para la ciudadanía. A pesar de la existencia de mesas de coordinación diarias entre autoridades federales y estatales para compartir la incidencia delictiva, persisten dudas fundamentales: ¿cuáles son los objetivos concretos?, ¿cómo se mide el avance?, ¿cuáles son los indicadores de éxito?
La narrativa oficial se ha convertido en una rutina de discursos triunfalistas. Se anuncian disminuciones en ciertos delitos sin explicar con claridad qué acciones concretas permitieron dichos avances. Y cuando ocurren hechos delictivos graves, las autoridades se limitan a declaraciones formales: que se investigará el caso y que no habrá impunidad. No obstante, tales afirmaciones resultan poco creíbles en un país donde, según el INEGI, el 93% de los delitos no se denuncian o no se investigan.
Por otra parte, existen hechos que impactan profundamente a la opinión pública por su brutalidad. Casos en los que personas son asesinadas a plena luz del día, en lugares públicos, y sin que exista una respuesta oportuna de las autoridades. Los asesinatos cometidos por sicarios en motocicleta o los homicidios captados en tiempo real por cámaras de vigilancia o redes sociales se han vuelto parte del imaginario colectivo. Estos crímenes no distinguen entre altos funcionarios, influencers o ciudadanos comunes; la mayoría de las veces, sus casos acaban en el anonimato, sin culpables identificados ni justicia.
A ello se suma la manipulación de las cifras. Es posible reclasificar delitos: convertir un homicidio doloso en culposo, o bien integrarlo en categorías genéricas como «delitos contra la vida y la integridad». También se pueden utilizar datos de distintas instituciones según convenga. Sin una instancia independiente y técnica que supervise la calidad de la información, las cifras oficiales se tornan sospechosas y las fuentes confiables se diluyen.
Pero quizá la prueba más contundente de esta disonancia entre discurso y realidad se encuentra en las propias comunidades. Hablar con la ciudadanía revela una narrativa alterna: se ha normalizado referirse a los grupos criminales como “los de la plaza”, quienes —según la percepción popular— mantienen el «orden» en muchas zonas. Cuando hay asesinatos, los medios explican que se debe a una disputa por la plaza, lo cual refuerza la idea de que el control territorial lo tiene el crimen organizado y no el Estado. En este clima, la gente vive con la constante sospecha de poder ser secuestrada, asaltada o asesinada en cualquier momento.
Lo más preocupante es que el gobierno parezca conformarse con la narrativa de una supuesta mejora. Creer que el anuncio de una baja en un indicador es suficiente para controlar la situación refleja una visión reduccionista. Gobernar no puede limitarse a construir percepciones ni a criminalizar la crítica. Peor aún, responder a la inseguridad con propuestas autoritarias —como la construcción de una mega cárcel sugerida por una candidata opositora— no solo evade las causas estructurales de la violencia, sino que contribuye a profundizar la crisis. Entre una retórica de control total y una política punitiva carente de garantías, se termina por ocultar la verdadera raíz del problema.
Solo cuando las autoridades reconozcan la magnitud y complejidad del problema —sin maquillajes ni discursos vacíos— será posible construir soluciones reales y sostenibles. Mientras eso no ocurra, la percepción de inseguridad seguirá creciendo, no por ignorancia ciudadana, sino porque la realidad diaria desmiente cada boletín oficial.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC