Por Iván Arrazola. Publicado en ContraRéplica.
Todas las acusaciones que históricamente ha hecho la izquierda sobre fraudes electorales, represión estatal y la supresión de la pluralidad se han materializado en los últimos meses en Venezuela. La ciudadanía, a través de las urnas, expresó su deseo de cambio, pero el régimen ha optado por perpetuarse a cualquier costo. Esto ha incrementado el descontento social, alimentado por las condiciones de vida precarias y la ausencia de libertades políticas fundamentales.
El 10 de enero de 2025 quedará marcado en la historia como un momento en el que el populismo de izquierda, en una de sus versiones más distorsionadas, logró imponerse. La histórica lucha de la izquierda por construir una sociedad más justa y equitativa fue traicionada cuando el régimen instaurado en 1999, tras perder las elecciones de 2024, no presentó ninguna prueba de un supuesto triunfo. En cambio, desplegó toda la maquinaria oficial para que las instituciones gubernamentales legitimaran, sin evidencia alguna, la victoria de Nicolás Maduro.
Con una inflación anual del 85% y una economía dependiente del petróleo, Venezuela enfrenta una grave crisis económica. La producción actual de crudo se encuentra en 900 mil barriles diarios, muy lejos de los niveles históricos de 1998, cuando se alcanzaron los 3.3 millones de barriles diarios. El Banco Central de Venezuela no publica datos oficiales sobre la deuda externa, pero se estima que esta oscila entre 120 mil y 200 mil millones de dólares.
Hay que sumar la corrupción y la mala gestión gubernamental, agravadas por sanciones internacionales que incluyen restricciones de visado, prohibiciones en la compra de bonos de deuda, congelación de activos de funcionarios acusados de corrupción, y sanciones al Banco Central y a empresas paraestatales. Con salarios que no superan los 200 dólares y los elevados niveles de inflación, las condiciones de vida en Venezuela se han vuelto cada vez más precarias y difíciles.
A los problemas económicos en Venezuela se suman las restricciones a las libertades públicas, particularmente al derecho a la información. En las últimas dos décadas, más de 400 medios de comunicación han cerrado, incluyendo periódicos, emisoras de radio, canales de televisión y plataformas digitales. Además, se han documentado bloqueos y restricciones en plataformas digitales y redes sociales, lo que limita la libre difusión de información y opiniones en el entorno digital.
Figuras políticas de la oposición han sido detenidas arbitrariamente o forzadas a abandonar el país debido al constante acoso gubernamental. A esto se añade la cooptación de las instituciones electorales y judiciales, que han sido instrumentalizadas por el régimen para consolidar su control y reprimir cualquier forma de disidencia. Estas acciones reflejan una estrategia sistemática para silenciar las voces críticas y perpetuar el autoritarismo en el país.
La comunidad internacional que parece incapaz de tomar acciones contundentes frente a la imposición del régimen de Maduro. Aunque la ONU ha expresado su preocupación por la situación en Venezuela, condenando las detenciones de opositores y activistas, y la Unión Europea ha rechazado reconocer la legitimidad del triunfo de Maduro, incrementando las sanciones contra el país, ninguna de estas medidas ha logrado traducirse en una respuesta concreta y efectiva.
De manera similar, la mayoría de los países de América Latina no reconocen al gobierno de Maduro, pero sus acciones se han limitado a declaraciones de condena, sin avanzar hacia soluciones más firmes. Países aliados como México, Brasil y Colombia enfrentan un dilema sobre cómo actuar frente a un régimen con el que comparten ciertas afinidades ideológicas.
Estados Unidos, aunque ha mostrado solidaridad al recibir al opositor Edmundo González, parece reticente a intervenir, especialmente en medio de su propia transición presidencial. El mundo, en gran medida, observa con indiferencia la consolidación de una tiranía, dejando a Venezuela aislada y atrapada en una crisis que parece no tener fin.
La aparente discusión sobre si un régimen de izquierda o de derecha es mejor resulta, en esencia, estéril. Al final, la prioridad de cualquier gobierno, independientemente de su orientación ideológica, debe ser mejorar las condiciones de vida de las personas. Aquellos que insisten en resaltar las diferencias entre izquierdas y derechas, o que justifican las limitaciones a los derechos fundamentales, solo contribuyen a legitimar decisiones que favorecen la concentración del poder político. Este enfoque, lejos de beneficiar a la sociedad, termina sirviendo exclusivamente a los intereses de las tiranías.

Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A. C. @ivarcorr @integridad_AC