Por Armando Alfonzo Jiménez / Columna invitada / Opinión El Heraldo de México

El modelo norteamericano se configuró como una contraposición a la monarquía y estableció la división del poder público en la que se otorgó atribuciones específicas.

El régimen presidencial surgió en los Estados Unidos de América en la Constitución de 1787.

El modelo norteamericano se configuró como una contraposición a la monarquía y estableció la división del poder público en la que se otorgó atribuciones específicas a los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, mecanismos de control, así como una distribución de competencias a nivel territorial (federalismo).

Frente a la transmisión por herencia del poder, ahora el titular del Poder Ejecutivo sería electo popularmente.

Ya no sería el encargo vitalicio sino tendría una duración de cuatro años con la posibilidad de reelección, con el tiempo se acotaría a una reelección.

Y con el sistema presidencial se establecerían mecanismos de rendición de cuentas, de distribución de competencias entre los órganos del poder y de responsabilidad que en el paradigma de la corona no existían.

Así fue como en 1824, los padres fundadores de México tomarían la decisión de acoger el sistema presidencial como propio en seguimiento al originado en los Estados Unidos de América.

Sin embargo, en el caso mexicano el régimen presidencial adquiriría características específicas hasta llegar al llamado presidencialismo, el cual es una degeneración del modelo puro o clásico norteamericano.

Una gran concentración de facultades en torno del Titular del Ejecutivo Federal, además de otras atribuciones metaconstitucionales.

Después de la revolución mexicana este sistema se consolidó y el Presidente de la República se convirtió en el máximo protagonista de la vida pública de México.

Un gran número de decisiones que impactan en la vida de millones de personas las toma quien encabeza la función ejecutiva.

Es tal el poder con el que cuenta, que diversos autores han caracterizado el sistema político mexicano de distintas maneras. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa le llamó la dictadura perfecta, Enrique Krauze el presidencialismo imperial, Daniel Cosío Villegas la monarquía absoluta, sexenal, hereditaria por vía transversal, y Maurice Duverger la catalogó como un régimen fascistoide.

Si bien es cierto a finales del siglo XX México inició una transición a la democracia, con alternancia partidista en la sede del Poder Ejecutivo, también lo es que aún no hemos consolidado la democratización del país y quienes han arribado al poder público han optado por conservar y alimentar al presidencialismo.

Muchas malas prácticas perduran y múltiples determinaciones sobre aspectos fundamentales de la vida de los habitantes de nuestro país dependen de una sola voluntad, lo que -en mi opinión- no es muy sano en el marco de un país con tanta población y con gran pluralidad.

Sería deseable que reflexionemos sobre la transformación del régimen político y que quienes gobiernan tengan una visión más generosa, en la que consideren los derechos de todos, incluidos los de las minorías, a sabiendas que en una democracia las mayorías de hoy pueden ser las minorías del mañana.

POR ARMANDO ALFONZO JIMÉNEZ / CONSTITUCIONALISTA / @ARMANDOALFONZO