Por Madgiel Gómez Muñiz. Publicado en Integridad Ciudadana.
El regreso del sarampión a nuestro país no es un accidente ni una simple mala racha epidemiológica. Es el síntoma visible de una cadena de omisiones acumuladas donde nadie puede declararse completamente inocente. Padres de familia, autoridades sanitarias y un contexto profundo de desigualdad económico y cultural han contribuido, por acción u omisión, a que una enfermedad prevenible vuelva a poner en riesgo a comunidades enteras.
Empecemos por lo más incómodo: la responsabilidad de algunos padres y madres de familia, hoy por hoy, se hace visible por la desconfianza hacia las vacunas, alimentada por la desinformación de discursos pseudocientíficos, teorías conspirativas y redes sociales que encuentran eco en el miedo. Decidir no vacunar no es un acto privado sin consecuencias públicas. Cuando se rompe la cobertura de vacunación, se debilita la inmunidad colectiva y se expone, sobre todo, a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. Aquí no se trata de criminalizar, sino de reconocer que la libertad individual tiene límites cuando pone en riesgo la
salud de otros.
Pero cargar la culpa únicamente a las familias sería una salida fácil y profundamente injusta. Las autoridades sanitarias también han fallado. La intermitencia en el abasto de vacunas, la falta de campañas claras y constantes y la difuminada presencia del Estado en zonas rurales y periferias urbanas han creado vacíos que la desinformación ocupa con rapidez. No basta con que las vacunas existan el papel; deben estar disponibles acompañadas con fuertes estrategias de información para que sea comprendido por el macizo social.
A los dos escenarios anteriores se le suma un tercer factor estructural que rara vez se señala con suficiente fuerza: la desigualdad. En México hablar de sarampión también es hablar de pobreza, rezago educativo aunado con barreras culturales. Existen comunidades donde llegar a un centro de salud implica horas de traslado y/o el personal médico es escaso aderezado con el uso de creencias, realidades sociales que alejan a las políticas sanitarias. En esos contextos, la omisión no siempre es una decisión consciente sino el resultado de un Estado que llega tarde o no llega.
Reconocer a los grandes culpables no debería servir para repartir culpas de manera estéril, sino asumir una responsabilidad colectiva para avanzar. Desde una óptica de política pública racional la salida es posible. Se requiere garantía plena del acceso a vacunas, comunicación pública basada en evidencias y mucha cercanía comunitaria, por último, un enfoque de reducción de desigualdades.
Vacunar debe volver a ser una prioridad nacional sostenida, no una reacción temporal ante los brotes. Informar no puede limitarse a spots genéricos, se requiere reconstruir la confianza en las instituciones de salud y sobre todo combatir desigualdades sociales que hacen que enfermarse o morir sigan teniendo un claro sesgo social.
Si cada actor asume su parte, México no solo puede contener brotes, sino fortalecer un sistema de salud justo, preventivo, humano, integral, positivo. El problema es serio, pero la solución está al alcance. Al tiempo.
Dr. Magdiel Gómez Muñiz Colaborador de Integridad Ciudadana, Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara @magdielgmg @Integridad_AC