Por Armando Alfonzo Jiménez / Columna invitada / Opinión El Heraldo de México
Para mi hermanita Kary: siempre estarás en mi corazón
Escribir sobre la ley fundamental de un país y difundir sus contenidos fomentan el conocimiento de los derechos humanos, así como la organización del Estado.
En la medida en que los ciudadanos hagan propios los principios y los valores constitucionales, en esa medida se alentará el civismo y se abonará a la construcción de una fuerte comunidad.
Por supuesto que no existe en el mundo una Constitución perfecta.
La nuestra, la que fue promulgada en Querétaro, en el año de 1917, tampoco es la excepción.
Reconocida como la primera en el mundo que incluyó un catálogo de derechos sociales a favor de los grupos más desvalidos de nuestro país, la Constitución mexicana ha sido objeto de múltiples reformas y adiciones.
Algunos han criticado el excesivo número de modificaciones a nuestra Norma de normas, y no les falta razón.
En la mayoría de los caos, no ha habido un rigor técnico para evitar tantos cambios a la Constitución.
En muchos apartados parecieran más propios de contenido reglamentario que lo pertinente de una Ley de leyes.
Nuestra tradición constitucional ha sido más política que normativa: se cree que, al incluir mandatos, previsiones, máximas, ideologías y narrativas, por ese solo hecho, la realidad nacional será otra.
Craso error.
Si, en nuestra Constitución —como decía Jorge Carpizo— se recogen los anhelos y las más apreciadas aspiraciones del pueblo de México.
Pese a todo, nuestra Constitución incluye todo lo necesario para que seamos mejores personas y nuestra nación una gran Patria.
La cuestión central es cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en la Ley fundamental y en los ordenamientos jurídicos que de ella emanan.
Que las autoridades realicen su labor conforme al marco de sus atribuciones y que los habitantes de la República sepan cuáles son los límites de la actuación de las autoridades, así como que conozcan sus derechos y cómo hacerlos valer.
Por cierto, se acaban de cumplir en este mes de junio, 14 años que se incorporó, por primera vez en México en el texto constitucional, el sistema integral de promoción y protección de los derechos humanos.
Ya es tiempo de modificar nuestra Carta Magna para poner en sintonía ese sistema con los demás contenidos del máximo ordenamiento jurídico del país. Eliminar las tensiones constitucionales y erradicar, de una vez por todas, la parte del régimen autoritario que todavía subsiste.
POR ARMANDO ALFONZO JIMÉNEZ / Constitucionalista y Secretario Ejecutivo del INAP / @ARMANDOALFONZO