Por Javier Agustín Contreras Rosales. Publicado en ContraRéplica.
Hoy se celebra un año más de nuestra Carta Magna, un texto que alguna vez fue pilar de estabilidad y orgullo nacional, pero que hoy muestra signos evidentes de desgaste. La Constitución ha venido a lo largo de los años moldeada a los intereses del poder político y se encuentra cada vez más lejos del espíritu original que dio grandeza institucional a nuestro país.
La Constitución de 1917 se ha visto modificada aproximadamente 769 veces a lo largo de 209 años de vigencia. Esta cifra no refleja evolución democrática, sino una intervención constante que la ha transformado del límite al poder, en herramienta del poder. Cuando todo cabe en el texto constitucional, nada protege realmente al ciudadano.
La mayoría del partido en el poder en el Congreso, respaldada por una ideología que privilegia la concentración de decisiones, abrió la puerta a la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Se desmanteló la carrera judicial, que, aun con sus imperfecciones, permitía la profesionalización de jueces y magistrados, para introducirlos en el terreno de la política electoral. No por razones de Justicia sino por intereses de acomodo y afinidad.
El resultado ha sido evidente: perfiles sin la preparación ni la experiencia necesaria, incapaces de ejercer con independencia la impartición de justicia en algunos casos claves. El caso del párrafo 52 del proyecto de la Ministra Lenia Batres, afín al partido en el poder, es muestra de ello. Un criterio impuesto que evidenció la pérdida de autonomía judicial y la incapacidad del Pleno para contener una visión unilateral con efectos institucionales graves.
Hoy, además, la Constitución promete todo. Programas sociales elevan a la categoría de derechos, sin un sustento financiero claro ni criterios de priorización. Esto no representa justicia social, sino dispendio de recursos públicos y generación de dependencia política con fines electorales.
Cabe preguntarse si los asesores legislativos se olvidaron de explicar algo fundamental; no puede existir política social responsable sin planeación, sin criterios técnicos y sin una administración racional de los recursos de la nación.No se entiende un programa social sin prioridades claras, basado en deciles de ingresos y la focalización del gasto público para realmente apoyar al que más lo necesita.
Resulta preocupante que una vez más, el día de su conmemoración, se ha utilizado para anunciar una nueva iniciativa de Reforma electoral desde el Poder Ejecutivo en un contexto donde los contrapesos han sido debilitados y la deliberación democrática reducida. La celebración se convierte así en un acto simbólico, vacío, mientras el contenido constitucional se redefine al margen del consenso ciudadano.
La Constitución no está para garantizar lealtades políticas ni para resolver coyunturas electorales. Está para limitar el poder, brindar certeza jurídica, y proteger a los ciudadanos; siendo los encargados de velar e interpretarla, los miembros del poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia; cuestiónque está en duda en la actualidad. Si eso se pierde, reitero, no hay nada que conmemorar.
Como sociedad debemos de exigir que la Constitución recupere su función esencial. Que el Poder Judicial actúe como verdadero contrapeso, que el Legislativo legisle con responsabilidad democrática y que el Ejecutivo respete los límites que la ley le impone. De lo contrario no estaremos celebrando una Constitución viva, sino administrando la normalización de su desgaste.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC