Por Javier Agustín Contreras Rosales. Publicado en ContraRéplica.
México atraviesa un momento decisivo en su vida institucional. No se trata de un colapso inminente ni de una ruptura abierta del orden democrático, sino de algo más sutil y profundo; la redefinición de las reglas que han sostenido la competencia política en las últimas décadas. La reforma electoral que se impulsa no es un ajuste menor; implica revisar si ésta cumple con los equilibrios que hicieron posible la transición democrática.
En el debate se distinguen al menos, dos visiones. Por un lado, el gobierno y sus aliados sostienen que el sistema electoral requiere transformaciones profundas, reducción de costos, simplificación administrativa, revisión de la representación proporcional y modificaciones en la estructura del árbitro electoral. Argumenta que el modelo actual es costoso y excesivamente burocrático, y que puede modernizarse sin perder legitimidad ni competitividad, lo cual resulta ser una verdad a medias.
Por otro lado, están el sector académico, jurídico y los ciudadanos, quienes advierten que cualquier reforma de esta magnitud debe de construirse mediante consensos amplios y con pleno respeto a la autonomía institucional. Recuerdan con énfasis, que las reglas vigentes fueron producto de décadas de negociación tras un largo proceso de apertura política; donde muchos de los actores que la promovieron en su momento, son los mismos que ahora buscan reformarla; y que alterar los contrapesos existentes, sin acuerdos transversales podría afectar la confianza pública en el proceso electoral de forma permanente.
La cuestión de fondo no es si debe de haber cambios, sino qué tipo de cambios y bajo qué condiciones. La democracia no se fortalece únicamente reduciendo costos o modificando estructuras, se fortalece cuando las reglas garantizan competencia real, certeza jurídica y equilibrio entre los poderes.
Imaginemos 3 escenarios posibles. El primero sería aquel en el que la reforma incorpora ajustes derivados del diálogo legislativo y la deliberación pública. En ese contexto, podrían realizarse modificaciones administrativas o presupuestales sin comprometer la autonomía operativa del órgano electoral ni la capacidad de revisión judicial. México podría transitar a hacia una etapa de predominio político claro, pero dentro de un marco institucional funcional y competitivo, donde la alternancia siga siendo viable.
El segundo escenario implicaría la aprobación de cambios sin consensos amplios. En tal caso podría surgir una tensión política constante, acompañada de una mayor judicialización de las decisiones y movilización social recurrente. Esta incertidumbre institucional no va a producir necesariamente una crisis inmediata, pero sí puede erosionar gradualmente la confianza ciudadana y afectar la percepción de estabilidad del país.
El tercer escenario; es el menos deseable para todos; sería en el que las modificaciones reduzcan de manera sustantiva los contrapesos provocando que el órgano electoral pierda independencia efectiva y que el poder judicial encuentre limitada su capacidad de revisión. La democracia puede derivar en un sistema hibrido, donde existan procesos formales competitivos, pero con condiciones desiguales. Mexico, es cierto, está lejos de una dictadura clásica, más cada día se hace latente el riesgo de que su democracia baje su intensidad o se vuelva nula, existe una clara advertencia, que merece atención seria y no descalificaciones automáticas por parte de los que ejercen el poder.
El debate que actualmente vivimos no es por una oposición absurda, ya que desde el 2019 se han impulsado reformas para la reconfiguración de los equilibrios institucionales, creando controversia sobre el papel de los órganos autónomos y la concentración legislativa. Para muchos, estos cambios responden a un mandato popular de transformación nacional, para otros son señales de centralización del poder político. Más allá de la postura que cada quien adopte, lo cierto es que la acumulación de decisiones en un mismo sentido exige un análisis cuidadoso de todos.
Como se ha visto en otros países, la democracia rara vez se debilita de forma abrupta. Esta lo hace gradualmente a través de ajustes sucesivos a las normas que rigen a la nación y que modifican la relación entre las mayorías y minorías, Entre el ejecutivo, el legislativo y ahora el judicial, así como entre el poder político y el árbitro electoral. Por ello la reforma en curso debe evaluarse y consensarse, no sólo por su objetivo expuesto, sino por sus efectos de largo plazo sobre la competencia en piso parejo y la confianza de los ciudadanos al órgano electoral.
La participación pública de los ciudadanos en sus múltiples formas es legal y un derecho; siempre y cuando sea pacífica, ya que cumple una función esencial; recordar que las reglas del juego pertenecen a toda la sociedad, no únicamente a quienes detentan el poder y la mayoría circunstancial.
El desafío que hoy enfrentamos, no consiste en impedir la reforma, sino que ésta se realice con la participación de la ciudadanía, garantizando la transparencia del Instituto, los procesos electorales, y la representación de las minorías de forma proporcional y justa.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC