Por Javier Agustín Contreras Rosales. Publicado en ContraRéplica.
La tan mentada reforma electoral avanza sin la participación de los partidos y mucho menosde los especialistas del sector; particularmente aquellos pertenecientes a la sociedad civil; sin embargo, ya se alzó una voz con una propuesta directa y efectiva. No es nueva, pero puede transformar la realidad política del país y resignificar el concepto de mayoría.
Me refiero a la propuesta que el pasado 11 de agosto retomó el presidente del PAN, Jorge Romero, a través de un comunicado en el que plantea incluir la segunda vuelta electoral en los comicios presidenciales, así como el uso del voto electrónico. Esta iniciativa no solo busca fortalecer el sistema democrático e institucionalizar una democracia más sólida y transparente, sino también legitimar el triunfo de quien resulte ganador.
Hoy en día, quienes nos gobiernan lo hacen con el respaldo del 36.5 % del padrón electoral. Es decir, una mayoría relativa o simple, como se le quiera llamar. Esto ha servido como bandera para afirmar que «hablan por el pueblo», sometiendo al país a su visión política y olvidando que no solo gobiernan para sus votantes, sino para todos los mexicanos, incluyendo al 63.5 % que no votó por ellos.
Por ello, cabe preguntarse: ¿es legítimo un gobierno que no representa directa ni indirectamente a la mayoría de los electores? Seguramente, la mayoría responderá que no. Legal sí lo es, pero democráticamente resulta débil. Aquí radica la relevancia de la propuesta del PAN: instaurar la segunda vuelta para que quienes lleguen al poder lo hagan no solo con el aval legal, sino también con legitimidad democrática.
Este tema solo podrá entrar en el debate de la reforma electoral si la sociedad civil organizada —la misma que defendió al INE y llenó las calles— impulsa la iniciativa y exige los mecanismos necesarios para su implementación, inicialmente en la elección presidencial, y posteriormente, en las gubernaturas estatales. La coyuntura es oportuna, ahora que se ha anunciado la creación de un enlace técnico entre el INE y la comisión legislativa presidida por Pablo Gómez.
Cabe recordar que la propuesta de la segunda vuelta ha sido presentada al menos cuatro veces en los últimos siete años por distintos partidos de oposición, pero nunca ha sido discutida por falta de voluntad política del partido en el poder. No obstante, si hoy existe interés por parte de la jefa del Estado, el escenario podría cambiar.
Y ya que estamos adentrándonos en el tema de la reforma electoral y la austeridad republicana, también se debería aprovechar esta discusión para proponer una reforma de fondo: transitar de un sistema multipartidista a uno tripartita (Izquierda – Centro – Derecha), con estructuras internas de autogestión, sin financiamiento público, es decir, sin costo para el erario —y por ende, para los contribuyentes—.
Los actuales partidos satélites podrían integrarse al partido más fuerte con el que compartan ideología, pues al día de hoy no aportan nada al sistema, salvo garantizar ingresos a sus dirigencias mediante el presupuesto público.
Seamos claros: no se puede seguir sosteniendo un sistema multipartidista sin revisar el costo-beneficio de la supuesta pluralidad política. Esa pluralidad se desvanece al momento de conformar coaliciones electorales y se distorsiona aún más con el llamado “chapulineo”, que permite a actores políticos brincar de bancada según su conveniencia, sin perder el cargo por el cual fueron electos bajo otra bandera.
Un sistema tripartita ofrece ventajas concretas:
Reduce y eficientiza el gasto público, eliminando partidos oportunistas que sobreviven por cuotas y alianzas circunstanciales.
1. Simplifica el sistema electoral, facilitando el voto informado.
2. Mejora el rendimiento legislativo, concentrando las negociaciones políticas de forma clara y transparente.
Y si a todo lo anterior le sumamos un nuevo esquema de financiamiento público condicionado a la representatividad, donde solo los partidos que obtengan al menos el 10 % del padrón electoral accedan a recursos —con un incremento progresivo de este umbral hasta llegar al 25 % en un plazo de 10 años—, estaríamos realmente avanzando hacia un modelo más justo y eficiente.
Asimismo, debería prohibirse el transfuguismo político: quien cambia de bancada, debe renunciar al cargo que le fue conferido bajo un proyecto político específico. Las reglas deben ser claras: el cargo es del electorado, no del individuo.
Y seguramente te preguntaras, ¿y ahora qué sigue?
La respuesta es clara: ¡Participa!
Si saliste a la marcha para defender al INE y/o al poder Judicial, si no estas de acuerdo con el rumbo que esta tomando la trasformación, actúa, informa y propón.
Que no se olvide: la democracia no se construye en silencio o se defiende desde del sofá.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC